El presidente Barack Obama ordenó que los funcionarios federales de EE.UU. se espíen entre sí y denuncien ante las autoridades estadounidenses a los colegas que les “resulten sospechosos de traición”.
De acuerdo con el rotativo estadounidense ‘McClatchy’, la iniciativa
de Obama se materializó en una orden ejecutiva en octubre de 2011, como
parte de un plan de bajo perfil mediático llamado Insider Threat Program
(ITP, programa contra amenazas internas).
El ITP cubre cada agencia federal de EE.UU., incluyendo los Cuerpos
de Paz, el Departamento de Educación y otras instituciones sin relación
alguna con documentos clasificados como confidenciales. La orden entró
en vigor después de que se conociera la noticia sobre las filtraciones
del soldado Bradley Manning y otras de las llevadas a cabo por
WikiLeaks.
¿CÓMO Y A QUIÉN ESPIAR?
En virtud de esta orden, a millones de empleados federales y
contratistas se les pide que presten especial atención a los estilos de
vida, actitudes y comportamientos -como problemas financieros, horarios
laborales extraños o viajes sin explicación- de sus compañeros de
trabajo, como forma de predecir si podrían resultar “un peligro para
EE.UU.”.
Bajo el paraguas de dicho programa, cada vez que un trabajador es
señalado por otro colega como potencial “amenaza para la seguridad
nacional”, automáticamente se abre una investigación contra el
sospechoso. Aquellos contra los que se abra una investigación de este
tipo podrán enfrentarse a sanciones laborales o incluso a cargos
criminales, según revela la mencionada publicación.
ALARMA SOCIAL
Sin embargo, incluso los propios asesores científicos de la
administración Obama han cuestionado esta medida. Los expertos señalan
que la eficacia de esta técnica para predecir riesgos en EE.UU. no está
probada y que, bien al contrario, puede fomentar prejuicios étnicos y
raciales, comportamientos ilegales y violaciones de la privacidad.
Las revelaciones sobre el Insider Threat Program coinciden con la
crisis de confianza de la opinión pública estadounidense en el Gobierno,
agravada después de que el excolaborador de la CIA Edward Snowden informara a la prensa sobre el programa ultrasecreto de espionaje global de Washington.
Dicho programa de vigilancia, denominado PRISM, abarca a unos 35
países sobre todo de Europa y América Latina y, según los expertos, va
en contra de varios preceptos de la propia Constitución norteamericana.
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