Hace 28 años ocurrió uno de los sucesos
más terribles de nuestra historia contemporánea, la masacre de Yumare.
Operación militar, realizada contra civiles, que tuvo lugar en el sector
Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el
estado Yaracuy.
A tan solo cuatro años de haberse
cometido la Masacre de Cantaura en el estado Anzoátegui, el gobierno
adeco de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones
Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Dirección de los Servicios
de Inteligencia y Prevención (DISIP, policía política durante la IV
República), Henry López Sisco, volvió a ejecutar una operación dirigida a
erradicar grupos de izquierda.
El 8 de mayo de 1986 nueve dirigentes
sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de
la DISIP, a las órdenes del entonces comisario López Sisco.
Tras realizar la ejecución, los
efectivos de la DISIP manifestaron que estas nueve personas “formaban
parte de la guerrilla”. Sin embargo, los estudios criminalísticos y las
evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de
Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales.
Las incongruencias en las declaraciones de los ejecutores de aquella
masacre permitieron detectar las mentiras y la confabulación para
realizar la matanza.
Como justificación, los funcionarios
alegaron un supuesto enfrentamiento armado, el cual se habría producido
cuando se desplazaban por un lugar boscoso y fueron objeto de una
emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. En el estudio
criminalístico, no obstante, las evidencias revelaron que la zona donde
todos los ciudadanos murieron estaba poblada de “vegetación baja, tipo
pasto, grama y/o maleza, todos de muy corta altura, característicos de
terrenos despejados, de gran iluminación”.
Además, de acuerdo con las experticias
practicadas en los morrales que portaban quienes murieron en la acción,
estos objetos “no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni
esquirlas”, a pesar de que varias de las víctimas habían presentado
orificios en la región dorsal.
Tras los falsos testimonios dados por
los responsables de la masacre, muchos testigos de ese lamentable
incidente declararon que las nueves personas asesinadas por el comando
de la DISIP habían sido primero detenidas, luego torturadas y, por
último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les
colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de
presentarlos como guerrilleros.
Los declaraciones de los testigos
revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente eran,
además de luchadores sociales, promotores del ideal bolivariano. Los
fallecidos fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao
Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael
Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García,
Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo.
No sería sino hasta 2011, 25 años
después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida
por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi, cuando fiscales
del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general
retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su
responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos,
Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de
Operaciones del Ejército.
También fueron acusados los
exfuncionarios de la extinta DISIP, Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola,
Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán
Vega. En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario
jubilado de la DISIP Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió
iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de
concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles
en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve
víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de
El Amparo, Cantaura y El Caracazo; además de participar en el asedio a
la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de
2002.
La Masacre de Yumare, es tan sola uno de
las decenas de masacres y delitos que la “democracia” adecocopeyana
cometió contra nuestro pueblo por más de 40 años, crímenes de Estado
impunes de una clase política anacrónica cuyos “renovados”
representantes de hoy se mantienen en abierta conspiración contra
nuestra revolución y sus líderes. Revolución que les ha revocado sus
privilegios de élite y que junto a nuestro pueblo organizado son
garantías de que estos hechos más nunca volverán a cometerse en suelos
de la Patria.
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